sábado, 16 de agosto de 2008

Terapia Ocupacional & Ley de Dependencia

L@s Terapeutas Ocupacionales (TOs) somos profesionales socio-sanitarios que tratamos a personas de cualquier edad, con disfunciones ocupacionales en cualquiera de las Actividades de la Vida Diaria (AVD), con el fin de conseguir la máxima autonomía posible en su entorno, utilizando la ocupación como medio terapéutico.

La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, establece un nuevo derecho universal y subjetivo de la ciudadanía, que garantiza atención y cuidados a las personas en situación de dependencia. Para acogerse a este derecho, las personas solicitantes son previamente valoradas conforme a un baremo (BVD) que determina la capacidad para llevar a cabo por sí mismas, o la posible necesidad de apoyo y/o supervisión para realizar las Actividades de la Vida Diaria (AVD) como: beber, comer, lavarse, vestirse, cuidar de su salud, sentarse, desplazarse, preparar la comida, capacidad de tomar decisiones…

L@s TOs estamos específicamente formados para la evaluación de las AVD, planificación, desarrollo e intervención del tratamiento de las personas con disfunción ocupacional. En la Comunidad de Castilla y León se pueden cursar los estudios de la Diplomatura de Terapia Ocupacional, en la Universidad de Burgos y en la Universidad de Salamanca.

La Junta de Castilla y León y los responsables del desarrollo de la Ley de Dependencia y creación de equipos para valorar a las personas susceptibles de acogerse a este nuevo derecho, no cuentan con l@s TOs y nos mantiene excluidos de los equipos de valoración. Durante los más de 16 meses de aplicación de la Ley de Dependencia, han desoído las recomendaciones del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que reconoce a l@s TOs como los mejor preparados académica y profesionalmente para la aplicación del baremo de valoración. Se han limitado a contratar, única y exclusivamente a Trabajadores Sociales, asignándoles a los Centros de Acción Social (CEAS), desbordados de trabajo por la multitud de funciones asignadas, incluso antes de la puesta en marcha de la Ley de Dependencia.

L@s TOs de Castilla y León hemos dirigido escritos a la Gerente de Servicios Sociales Dña. Milagros Marcos Ortega y al Director General de Política Social y Atención a la Dependencia D. Jesús Fuertes Zurita, solicitando reuniones con los representantes de l@s TOs de nuestra región, sin recibir a día de hoy respuesta alguna por parte de los responsables de la Junta.

El (CERMI) Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, en su análisis de mayo de 2008, sobre el sistema de valoración y reconocimiento de la situación de la dependencia, señala en el apartado en relación a los equipos de valoración: “Resulta imprescindible definir un perfil mínimo de la persona valoradora, que de homogeneidad a este tipo de profesional…” “Parece muy necesario incrementar la formación de los evaluadores de modo que no sólo sea más homogénea y técnica, sino que incremente la equidad en la valoración” “En definitiva, el problema de valoración parece que no está tanto en el baremo, aunque hay que mejorarlo, sino en la falta de especialización de las personas valoradoras para aplicarlo correctamente.”

L@s TOs apostamos por el mejor desarrollo posible de la Ley de Dependencia en nuestra región, al igual que se esta produciendo en la mayoría de las CCAA, donde los equipos de valoración están formados por equipos multidisciplinares que han apostado fuertemente por la figura profesional del TO.

En pleno municipal del Ayto. de Palencia celebrado el 19 de Junio de 2008, la portavoz del grupo municipal de IU-Los Verdes, Rocío Blanco, presento una moción para la creación de equipos multidisciplinares en la aplicación de la Ley de Dependencia. D. Carlos Alfonso Polanco, del grupo municipal del PP y Gerente Territorial en Palencia de los Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, justifico el actual modelo de desarrollo de la Ley de Dependencia y la NO creación de equipos multidisciplinares durante su intervención, diciendo: “…este procedimiento (el actual) evita entre otras cosas, dos cuestiones fundamentales, por un lado la posible falta de objetividad e incluso el posible engaño en un proceso de valoración, si se desarrollase por parte de equipos profesionales ajenos a los sistemas públicos normalizados de atención, (…) y por otro se evita una nueva intromisión innecesaria, en la vida e intimidad de estas personas.”

L@s TOs somos profesionales socio-sanitarios que, por supuesto, al desarrollar nuestro trabajo, no producimos intromisiones innecesarias en la vida de las personas a las que atendemos. Además entendemos, que las personas que solicitan acogerse a este nuevo derecho, no pretenden engañar a los profesionales evaluadores o a la Administración, si no obtener un reconocimiento de las administraciones, justo y adecuado a su grado y/o nivel de Dependencia. Personalmente creo, que alguien con responsabilidades públicas a su cargo, como D. Carlos Alfonso Polanco, que expresen públicamente lo contrario, debería dimitir y dejar su cargo de forma inmediata.

Según datos del Observatorio de CCAA, Castilla y León es la tercera por la cola, en el registro, tramitación y valoración de los expedientes de la Ley de Dependencia, por detrás incluso de dos comunidades de carácter uniprovincial. La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales en España, señala que el modelo actual de desarrollo requerirá un importante esfuerzo de dotación de más personal y más medios. A pesar de todo, la Junta de Castilla y León continúa empecinada en apostar por el desarrollo de un modelo que NO FUNCIONA y que demuestra carencias importantísimas en la valoración, tramitación y reconocimiento del nuevo derecho generado por la Ley de Dependencia.

Además de TOs, somos ciudadanos de Castilla y León con plenos derechos y deberes, y exigimos una rápida rectificación de la de la Junta con respecto al desarrollo de la Ley de Dependencia en nuestra región. Actualmente, tenemos menos derechos, porque contamos con menos recursos. Queremos ser valorados correctamente, por equipos multidisciplinares formados por los mejores profesionales posibles, al igual que en el resto de CCAA. Entre nuestros objetivos fundamentales se encuentra el mejor desarrollo posible de esta ley, teniendo muy en cuenta la política de financiación de la Administración General del Estado y de nuestra Comunidad Autónoma, pero sin olvidar también aspectos tan importantes y fundamentales como el desarrollo normativo del copago y la garantía de calidad en los servicios a los ciudadanos dependientes. Calidad de servicios que indudablemente comienza por una valoración adecuada y correcta de la situación de dependencia de los solicitantes.

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